La Paz, 17 ene.- El abogado denunciado por ejercer torturas y coacción a sus clientes y terceros, Jhasmani Torrico, fue trasladado la noche de este jueves de la cárcel del Abra al penal de máxima seguridad de Chonchocoro. El Gobierno se suma a las acciones para desbaratar el clan delincuencial que este sujeto conformó en Cochabamba.
Funcionarios de Régimen Penitenciario de Cochabamba confirmaron para las 20:00 de hoy, el traslado de Torrico quien cumplía detención preventiva en la cárcel de ese departamento, por un caso de secuestro y extorsión a un mecánico en 2016. También tenía denuncia de haber quitado un bien inmueble a su padrastro utilizando los mismos mecanismos de intimidación y tortura.
Ayer se conocieron al menos tres videos en los que se evidencia cómo Torrico exigía el pago de dinero a un ciudadano con gritos y golpes. A otro, junto a su grupo criminal, le habían echado gas en el rostro y luego procedían a golpearlo y amenazarlo con llevarlo “a la tina”.
Las mismas fuentes señalaron que en estos meses de detención preventiva, el abogado sindicado había logrado conformar redes de poder dentro del penal del Abra.
La versión coincide con el Ministerio de Justicia que recordó que este jurista ya tenía procesos iniciados por el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima. La entidad se dirigió a Cochabamba para ser parte del proceso contra el sujeto acostumbrado a ejercer violencia contra sus propios litigantes.
“Sabemos que este señor, por la información que se tiene, desde el penal de El Abra todavía sigue gozando de comodidades y de diferentes mecanismos para seguir interviniendo, amedrentando a algunos operadores de justicia”, dijo el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez,
En tanto, el fiscal departamental Juan de la Cruz Vargas, espera que las víctimas que se registran en los videos se hagan presentes para aportar sus declaraciones en esta investigación.
“Entonces estas personas que están siendo intimidadas, golpeadas y sometidas a situaciones de tortura, seguramente también tienen que tomar la decisión de presentarse ante el Ministerio Público para hacer la denuncia correspondiente”, declaró.
Sin embargo, el Colegio de Abogados deploró que el abogado Torrico haya sido beneficiado con la licencia para el ejercicio profesional de manos del Ministerio de Justicia y el Registro Público de la Abogacía.
Según el titular del ente colegiado, Israel Centellas, el sindicado obtuvo la licencia en 2017, pero ejerció la profesión muchos años atrás y se acostumbró a ejecutar su modus operandi, aprovechando su condición “profesional”.
“Hacemos la denuncia pública para que sea la instancia del Ministerio de Justicia, el RPA, el registro público de abogados, el que inicie este proceso, nosotros podemos estar como parte coadyuvante porque realmente afecta la imagen corporativa de todo un gremio”, dijo Centellas a ANF.
El RPA dependiente del Ministerio de Justicia ha matriculado a 69.109 abogados hasta la fecha.
Jhasmany Torrico deberá enfrentar otros cargos en su contra desde su detención en el penal del altiplano paceño al que llegó en horas de la noche.
