12 feb.- Al conmemorarse 10 años de los luctuosos hechos de febrero de 2003, a raíz del intento de aplicar un ‘impuestazo’, emerge fortalecida la exigencia de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores.
El diputado alteño Roberto Rojas, del Movimiento Al Socialismo (MAS), pidió a la oposición que “se solidarice no sólo cuando les convenga” y se sume al pedido de extradición de Sánchez de Lozada, que dejó decenas de muertos y heridos, no sólo durante los días 12 y 13 de febrero de 2003, sino en la denominada Guerra del Gas, en octubre de ese mismo año.
Rojas remarcó que los diputados alteños, en coordinación con las organizaciones sociales y las víctimas de febrero y octubre 2003, “vamos a exigir a la Cancillería que se agilice la extradición de Sánchez de Lozada para que sea juzgado bajo las normas vigentes”.
Anunció que mediante un proyecto de ley se declarará el 17 de octubre Día de la Dignidad de los bolivianos, porque en esa fecha dimitió Gonzalo Sánchez de Lozada y se refugió en Estados Unidos.
El 6 de marzo, aniversario cívico de la ciudad de El Alto, es una fecha tentativa para aprobar esa declaratoria, dijo Rojas.
POLICÍA Y FFAA
El subjefe de la bancada de diputados del MAS, Jorge Medina, destacó la dignificación del trabajo que emprenden actualmente la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tras el enfrentamiento entre ambas fuerzas, en febrero de 2003, en la plaza Murillo de la ciudad de La Paz.
“Diez años han pasado y tienen que ser analizados en estas circunstancias debido a que ahora las dos instituciones cambiaron sus roles, los cuales tienen que ver con una labor social que reemplaza a la represiva, una labor humanitaria en vez de la agresiva”, expresó.
Ante el amotinamiento de los efectivos del Grupo Especial de Seguridad (GES) en la calle Junín, a pocos pasos de la plaza Murillo, en contra del ‘impuestazo’ y por aumento salarial, Sánchez de Lozada movilizó a las FFAA para sofocar la situación y se registró el enfrentamiento.
EXHORTO SUPLICATORIO
“A 10 años de los sangrientos hechos de la masacre de febrero y octubre 2003 aún no ha llegado la justicia para las víctimas debido a que los autores intelectuales están prófugos, protegidos por el Gobierno de EEUU, principalmente Goni, Carlos Sánchez Berzaín y otros”, dijo Roberto de la Cruz, asambleísta departamental de La Paz y ex secretario general de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto.
De la Cruz informó que la Fiscalía General del Estado está preparando otro exhorto suplicatorio para presentar a la Cancillería y hacer el trámite de extradición, además de “contratar un bufete de abogados en EEUU”.
El asambleísta y ex dirigente sindical expresó su confianza por que una vez subsanados todos los problemas, no existan motivos para que ese país rechace el pedido de extradición, pero “si lo vuelve a hacer significa que EEUU es el principal protector de los asesinos y masacradores no sólo de Bolivia, sino del mundo”.
También expresó su confianza en que el Gobierno priorice el trámite de extradición de Goni y sus colaboradores. Además indicó que las víctimas de esos luctuosos hechos “quieren viajar a EEUU, por lo que buscan el apoyo de alguna organización internacional para financiar las acciones destinadas a traer al país a los responsables de los delitos de lesa humanidad”.
